Hablar de la Pena de Muerte en el Perú, es propiciar un interminable debate entre posiciones abolicionistas y retencionistas muy bien marcadas.
Existen perspectivas de índole jurídica, social, económica, religiosa, entre otros, que abordan este tipo de cuestiones orientándose a enfocar si la referida e irremediable pena es aplicable o no, en un sistema “cuasi democrático” tan frágil como el que impera en nuestro país.
El continente Americano, tiene a su ejemplo más palpable en el gobierno Estadounidense, un país de carácter progresista, en el que 38 de sus 50 Estados incluyen en su legislación la pena de muerte, pero que, de manera paradójica, estudios de criminólogos denotan la ineficacia de este procedimiento, y aún peor, afirman que por la forma en que se han direccionado las mismas, el índice de homicidios ha aumentado de manera ligera pero significativa.
El gobierno peruano, por otro lado, al igual que el guatemalteco, solamente contempla esta práctica en caso de Traición a la Patria y terrorismo.
Sin embargo, dando un giro a esa visión formal de la pena de muerte que la sitúa sencillamente en un cuerpo legal, esta manifestación puede concebirse mas bien, como una reacción social organizada y legitimizada contra el delito.
En definitiva, aquella materia sin resolver, trasciende las dimensiones legales de cualquier ordenamiento jurídico. Las continuas prácticas inhumanas que mantienen al estrato más postergado como “extranjeros en su propio país” y los arrebatos políticos que condenan a una vida sin esperanza (lo que equivale a decir, que condenan a muerte) a miles de pobladores…nos indican casi vociferando que el problema posee un origen marcadamente social.
Poco o nada se ha hecho al respecto, apenas hemos sido partícipes de aquel desconocimiento provocado por un desinterés y apatía colectiva permanente en nuestro país; y también hemos afrontado la dura realidad que nos mostraba a la audición y visión insensibles de un gobierno que lejos de obedecer siquiera a cuestiones políticas partidarias, encuentra la matiz de su inoperancia, en la misma médula social que lo circunda.
Hoy, algunos pretenden proponer más muertes dentro de una sociedad que aún no ha cicatrizado sus heridas; la pena de muerte, en un país como el nuestro representa una irresponsabilidad taxativa, ya que lamentablemente (me apena decirlo) nuestro precario Sistema Judicial, no se encuentra preparado para tomar las riendas con sensatez de procesos que involucren a tales extremas manifestaciones de justicia.
De allí que, este medio, es un escape fugaz y simple ante la impotencia de disipar los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad peruana, aquellas tribulaciones que nacen y mueren en la sociedad misma, y que, por consiguiente, deben subsanarse al interior de ésta.
A pesar de que ya Platón aparentemente daba indicios de la validez de la pena de muerte a “aquellos cuya alma ser naturalmente mala e incorregible” (lo expresó literalmente así); considero que hoy no podemos descartar la posibilidad de reforma y reinserción social de delincuentes; y aunque este proceso sea arduo y marque un tiempo de ejecución prolongado, estoy segura que vale la pena emprender el camino.
La clave, no se encuentra en una reforma legal ignorada por quienes “deberían seguirla”; la verdadera salida vamos a ubicarla cuando miremos en el espejo que señala al responsable y decidamos cerrar aquella interminable fisura social que se expande poco a poco con las muestras de desgano e inhumanización aun latentes en el Perú por cada problema sin resolver.
Steffany Montoya Rodríguez
Trujillo, Enero de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario